El Rey de España Juan Carlos I coordinó el golpe de estado del 23-F de 1981, dice el coronel Amadeo Martínez

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El Rey de España Juan Carlos I coordinó el golpe de estado del 23-F de 1981, dice el coronel Amadeo Martínez

Don Amadeo Martínez Inglés, ex-coronel del Ejército, hizo un informe sobre los hechos acaecidos en España el 23 de febrero de 1981 presentando que
el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable.

AL Excmo Sr. Presidente del Congreso de los diputados de las Cortes Españolas

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar,
se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone
el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo
siguiente:

Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española,
remití al presidente de esa Cámara un exhaustivo Informe (40 páginas)
sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de
febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona
involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación
de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales
que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de
su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En
consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de
Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta
Magna, que estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio
de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades
(políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el
monarca español.

En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe al presidente del Congreso de los Diputados y dada la nula
respuesta de éste al mismo, decidí enviar el prolijo documento al
presidente del Senado, al del Gobierno de la nación y a los de las más
altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial,
Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc.

Al no obtener ninguna respuesta de esas preeminentes instituciones del Estado (a excepción del Senado que acusó recibo a través de la Comisión
de peticiones de esa Cámara), un año después, con fecha 23 de febrero
de 2007, presenté personalmente en la sede del Congreso de los
Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una
Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto,
además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año
anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan
desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios
la nota institucional que pretendía difundir su presidente y que, como
venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos
como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades
del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.

Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que ni el Congreso de los Diputados, con su señor
presidente al frente, ni el resto de autoridades a las que había
dirigido el documento se iban a molestar en acusar recibo del mismo
decidí, en febrero de 2008, publicar todas mis investigaciones sobre el
rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”),
un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo,
después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado
asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades
políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado a lo
largo de sus tres décadas largas de reinado. Muchas de estas
irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no
deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de
la historia.

El 4 de abril de 2008, tras las elecciones de 9 de marzo y constituidas las nuevas Cortes Generales salidas de la
voluntad popular, me dirigí por primera vez a VE como presidente del
Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya
citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de
la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que procediera
de inmediato a estudiar e investigar las muy claras responsabilidades
del monarca español en los hechos que le denunciaba, y que son los
siguientes:

1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra
borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes,
para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.

2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca
español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de
documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos
expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y
un secuestro.

3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las
mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que
no han sido desmentidas por La Zarzuela).

4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente
harían los interesados persiguiendo algo a cambio.

5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior
para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo
español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey
Juan Carlos.

6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de
marzo de 1956 y que al hilo de los análisis profesionales incluidos en
el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente
pudo ser en realidad un fratricidio premeditado.

El 8 de octubre de 2008, me dirigí por segunda vez a VE adjuntándole un informe sobre la anómala actuación
del monarca español (entonces príncipe de España y a cargo
interinamente de la jefatura del Estado español) en relación con la
entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de la antigua provincia
española del Sahara Occidental. Del que se desprende que, con arreglo a
testimonios e investigaciones históricas de toda solvencia, Juan Carlos
de Borbón pudo cometer presuntos delitos de alta traición, cobardía
ante el enemigo y genocidio del pueblo saharaui, en grado de
colaboración necesaria.

Con fecha 2 de marzo de 2009, y con casi un año de retraso, recibí por fin el correspondiente acuse de recibo al
primero de mis escritos dirigido a su autoridad, firmado por la jefa
del Departamento de Registro y Distribución de Documentos del Congreso
de los Diputados, en el que me comunicaba que el citado documento había
tenido entrada en esa Cámara y que había sido trasladado a la Comisión
de Peticiones de la misma para “su oportuno estudio y
tramitación”.

En diciembre de 2009, diez meses después de que me llegara la notificación señalada en el apartado anterior, vista
la escasa premura con la que se había desempeñado la siempre laboriosa
Cámara Baja de las Cortes Españolas en el tema del acuse de recibo a mi
escrito de denuncia del rey y ante las puertas de lo que VE ha
denominado públicamente como “período hábil entre sesiones” y para el
resto de los mortales no dejan de ser unas descomunales vacaciones de
Navidad y año Nuevo (48 días), con el peligro añadido de que pasaran
decenios antes de que volviera a saber algo de ese “oportuno estudio y
tramitación” por parte de la Comisión de Peticiones del Congreso…decidí
dar un paso más en la, sin duda, ardua tarea profesional que yo mismo
me he impuesto dando a conocer al pueblo español, a través de un nuevo
libro (“La Conspiración de mayo”), las últimas y sorprendentes
revelaciones sobre el 23-F que obraban en mi poder tras muchos años de
investigaciones en lo más reservado del estamento militar. Y que
aclaran de una forma definitiva, radical, irrefutable… las tramas, los
contubernios y los espurios pactos que jalonaron la larga
planificación, preparación y ejecución de tan desgraciado evento de
nuestra historia reciente. Revelaciones inéditas que, ingenuamente,
venía reservando como oro en paño para ponerlas a disposición de sus
señorías cuando de verdad quisieran depurar las altas responsabilidades
que a día de hoy, y en relación con ese falso golpe militar, apuntan
indefectiblemente hacia la borbónica figura del todavía “rey de todos
los españoles”.

Algo debía hacer, sin duda, a título personal, ante la pasividad culpable de la Cámara que VE preside que,
resulta meridianamente claro, ha elegido el inconveniente camino del
silencio administrativo, el mirar para otro lado y el marear la perdiz
ante las gravísimas y reiterativas denuncias presentadas por un
ciudadano español contra el actual jefe del Estado; efectuadas, eso sí,
tras muchos años de investigación y apoyadas, además, en irrefutables
indicios racionales de culpabilidad del mismo en presuntos delitos de
golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos,
corrupción… etc, etc. Y ese algo debía ser el sacar a la luz pública,
el desvelar por primera vez a los medios de comunicación y a la
sociedad española en general uno de los misterios mejor guardados de la
transición española, un absoluto secreto militar dormido durante
décadas en las entrañas del “gran mudo” castrense español, presentando
como nació, se preparó, estudió y organizó el golpe duro “a la turca”,
la gran apuesta golpista denominada “Operación Móstoles” dentro de un
movimiento militar (un nuevo “Alzamiento Nacional”) de corte franquista
que, preparado para ponerse en marcha en la madrugada del 2 de mayo de
1981, hubiera podido conducir al país a una nueva guerra civil. Y para
desmontar el cual, saltándose a la torera la Constitución y las leyes,
el rey de España no dudó en dar el placet a sus generales cortesanos
(Armada y Milans) para que planificaran y ejecutaran, en estrecho
contacto con los principales partidos políticos del arco parlamentario
español, la chapucera maniobra político-militar-institucional que
inmediatamente sería conocida en España y en todo el mundo como el
“golpe involucionista del 23-F”.

Señor presidente del Congreso de los Diputados: En poder ya del pueblo soberano mis últimas investigaciones
sobre el 23-F y con ellas el secreto mejor guardado del Ejército
español en relación con la trama que lo hizo posible y, por lo tanto, a
disposición de las Cortes españolas que pueden conocer de primera mano
como se fraguó uno de los hechos más controvertidos de la reciente
historia de este país, y con mi ofrecimiento más leal para que tanto el
Congreso de los Diputados como el Senado puedan recibir toda la
información complementaria que precisen sobre tan importante asunto, me
permito solicitar de VE lo siguiente:

Que con arreglo a lo que contempla el artículo 76.1 de la Constitución española, y puesto que ni puede ni debe ser asumido por el pueblo
español y sus instituciones el lamentable hecho de que la jefatura del
Estado esté ocupada por
un presunto delincuente culpable de delitos de golpismo y terrorismo de
Estado, se constituya con urgencia en la Cámara que VE preside una
Comisión de Investigación que depure las responsabilidades del actual
rey de España, Juan Carlos I; tanto en los hechos acaecidos en este
país en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (denominados
indebidamente desde entonces por los poderes públicos como “intentona
involucionista a cargo de militares y guardias civiles nostálgicos del
anterior régimen”) como en los ocurridos entre los años 1983-1986
relacionados con la guerra sucia contra ETA (28 asesinatos y 1
secuestro) a cargo de mercenarios y miembros de los CFSE y del
Ejército. Así como en aquellas otras actividades presuntamente
delictivas en las que haya podido intervenir o conocer el actual
monarca español y que se presentan, estudian y valoran en los
periódicos informes que este historiador se ha permitido enviar a las
Cortes españolas.

Y como incuestionable corolario, ante la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por Juan Carlos de Borbón tanto en el desempeño
de sus atribuciones constitucionales como en aquellas otras que
manifiestamente no lo eran o atentaban contra ella, se proceda por el
Congreso de los Diputados (máxima representación del poder soberano del
pueblo español y única institución nacional que pude hacerlo
constitucionalmente) a iniciar los trámites oportunos y urgentes para
que las Cortes españolas, de acuerdo a lo que recoge el artículo 59.2
de la Carta Magna, puedan “reconocer la inhabilitación” del actual rey
de España, Juan Carlos I, para seguir ostentando la jefatura del Estado
español a título de rey.

Sin perjuicio de las responsabilidades de todo tipo (incluidas las penales) que en un Estado verdaderamente democrático y de derecho, en el que
todos los ciudadanos son iguales ante la ley, podrían serle atribuidas
en el futuro al ciudadano Borbón y que, vuelvo a repetirle una vez más,
señor presidente del Congreso, tienen que ver con gravísimos, y de
momento presuntos, delitos de golpismo, terrorismo de Estado,
malversación de fondos públicos, fratricidio premeditado,
corrupción… etc, etc.

Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si la Cámara que VE preside piensa seguir despreciando y obviando mis
denuncias como ha venido haciendo estos últimos cinco años o
hibernándolas a perpetuidad (para estudio y tramitación) en la Comisión
de Peticiones de la misma, como ha hecho en los últimos diez meses y
parece ser quiere seguir haciendo en el futuro, le ruego me comunique
oficialmente ante que autoridad de este país, y en que forma, debo
formularlas a partir de ahora. Porque, desde luego, el historiador
militar que suscribe no va a renunciar en absoluto a que el pueblo
español sepa, clara y contundentemente, que clase de “salvador de la
democracia” ocupa la jefatura del Estado y, además, está convencido de
que, aunque la sacrosanta Constitución del 78 especifica con rotundidad
manifiesta que este hombre (o dios), el rey, es inviolable e
irresponsable ante la justicia de los hombres (esperemos que ante la
divina, no), algún mecanismo debe existir en un Estado democrático y de
derecho como se supone es el español de hoy, para poder sentarlo en el
banquillo si se demuestra que ha cometido delitos execrables.

Mecanismos democráticos, como los puestos en marcha recientemente en un país en vías de desarrollo y, en teoría,
menos respetuoso que España con los parámetros propios de un Estado de
derecho como es Perú, en el que se acaba de condenar nada menos que a
veinticinco años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori, por unos
delitos prácticamente iguales a los presuntamente cometidos por el rey
Juan Carlos I en la década de los ochenta del siglo pasado: golpismo y
terrorismo de Estado.

Porque, de no ser así, señor presidente del Congreso de los Diputados, si el actual jefe del Estado español (a título de rey por
deseo testicular del dictador Franco; asquerosa eyaculación política
que, sin embargo, aceptó sin rechistar la aborregada y cobarde
ciudadanía de la época con sus dirigentes políticos a la cabeza) está
por encima de las leyes y de la justicia de los hombres, dígame en que
se diferencia VE de, por ejemplo, el antiguo presidente de las Cortes
franquistas y del Consejo del reino, el falangista Rodríguez de
Valcárcel. Ante quien, por cierto, el 22 de noviembre de 1975 juró
fidelidad a los principios fundamentales del Estado fascista salido de
julio de 1936, el actual rey de España, Juan Carlos I, el último
Borbón.

Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 16 de febrero de 2010

http://www.kaosenlared.net/noticia/rey-espana-juan-carlos-i-coordin...-

[drmatrix]

claro simon hay que acabar con estos parásitos.

[Simon J Rodriguez S]

coooñooo¡¡¡NUNCA ME CANSARE DE APLAUDIR ESTE REPORTAJE Y A QUIEN LE PERTENECE LA ACCION DE DENUNCIAR¡¡ EN ESPAÑA HAY BRIOS,GUARAMOS Y HOMBRES JUSTOS¡¡¡¡ A DERROTAR AL NWO