Sentencia Histórica que condena a José Luis Camacho a costas tras demandar a Luis Carlos Campos por llamarle estafador

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3
VALLADOLID
SENTENCIA: 00481/2019
Modelo: N10250

-
T
Correo electrónico:
Equipo/usuario: JBB
N.I.G. 47186 42 1 2018 0009862
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000307 /2019
Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 2 de VALLADOLID
Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000595 /2018
Recurrente: JOSE LUIS CAMACHO ESPINA
Procurador: NURIA MARIA CALVO BOIZAS
Abogado: JESUS MARIA DIEZ ROIG
Recurrido: MINISTERIO FISCAL, LUIS CARLOS CAMPOS NIETO
Procurador: JORGE FAUSTINO RODRIGUEZ-MONSALVE GARRIGOS
Abogado: JULIO ANTONIO ARANDA RONCERO


S E N T E N C I A 481/2019
Ilmo. Sr. Presidente:
D. ANTONIO ALONSO MARTÍN
Ilmos Magistrados-Jueces Sres.:
D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS
D. FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ -PONENTE-
En VALLADOLID, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve
VISTOS en grado de apelación, ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial
de VALLADOLID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 595/2018,
procedentes del JDO. DE PRIMERA INSTANCIA N. 2 de VALLADOLID, a los que ha
correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 307/2019, en los que
Código Seguro de Verificación E04799402-MI:8CnD-ad46-UxyZ-6aJQ-A Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es
aparece, como parte apelante, D. JOSE LUIS CAMACHO ESPINA, representado por
la Procuradora de los tribunales, Dª. NURIA MARIA CALVO BOIZAS y asistido por el
Abogado D. JESUS MARIA DIEZ ROIG, y como parte apelada, D. LUIS CARLOS
CAMPOS NIETO, representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JORGE
FAUSTINO RODRIGUEZ-MONSALVE GARRIGOS, y asistido por el Abogado D.
JULIO ANTONIO ARANDA RONCERO, y el MINISTERIO FISCAL sobre DERECHO
AL HONOR, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D. FRANCISCO JOSE PAÑEDA
USUNARIZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Por el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 2 de VALLADOLID, se dictó
sentencia con fecha 28 de febrero de 2019, en el procedimiento Juicio Ordinario
595/2019 del que dimana este recurso. Se aceptan los antecedentes de hecho de la
resolución recurrida.


SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente
pronunciamiento:


“"Desestimo la demanda interpuesta por D. JOSÉ LUIS CAMACHO ESPINA contra
D. LUIS CARLOS CAMPO NIETO, y, en consecuencia:
1.- Absuelvo al demandado de las pretensiones frente a el formuladas.
2.- No se hace especial declaración en costas.”
Que ha sido recurrido por D. JOSE LUIS CAMACHO ESPINA, habiéndose opuesto
la contraria.
TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución
del recurso de apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y
personadas las partes en legal forma, señalándose la audiencia del día 31 de
octubre de 2019, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- Planteamiento de la litis: motivos del recurso de apelación
interpuesto por Don JOSE LUIS CAMACHO ESPINA
Por la recurrente se interpone recurso frente a la sentencia de condena
dictada en primera instancia en base a dos motivos esenciales:
1. Se sostiene en el recurso de apelación que la sentencia incurre en error en
la valoración de la prueba videográfica aportada a las actuaciones y, en concreto, el
que el juez a quo no hubiera calificado de intromisión ilegítima al derecho al honor
del actor las expresiones proferidas por el demandados en los dos videos editados y
difundidos el 5 y el 9 de noviembre de 2017 a través del canal de YouTube, y en el
portal web del demandado (http://contraperiodismomatrix.com).
En concreto, se cuestiona la valoración de la prueba efectuada por el juez de
instancia contenida en el FD TERCERO de la resolución recurrida, defendiendo que
las expresiones incluidas en sendos videos son realizadas con el ánimo de difamar
en la deshonra, descrédito y menosprecio del demandante, y con esa finalidad
fueron publicadas, actuando el Sr. Campos con el deliberado y específico propósito
de ofender, desacreditar y escarnecer a su destinatario. En su opinión, la sentencia
valida y legitima los insultos y las expresiones vejatorias proferidas por el
demandado y lo ampara en el contexto en que se producen, lo que vulnera el
derecho al honor amparada por la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
honor, intimidad y propia imagen (LPDH).
2. En segundo lugar, se impugna la sentencia dictada en primera instancia por
constituir una vulneración del art. 7.7 LPDH. Así, se estima que los hechos
denunciados son perfectamente incardinables en la definición de intromisión
ilegítima incluida en el citado apartado 7 del art. 7 y el art. 9.3 de la LO 1/1982, que
ha generado perjuicios al demandado conforme a lo dispuesto en el art. 1902 CC,
todo ello con cita de jurisprudencia que estima aplicable al caso.
3. Finalmente, la parte recurrente se hace eco de la sentencia nº 61/2013, de
3 de abril de 2014, del JPI nº 38 de Madrid en la que el Sr. Campos fue condenado
por la comisión de actos de intromisión ilegítima en el derecho al honor de Don
Daniel Estulin en relación con expresiones proferidas en la publicación “la expareja
del Judío Fotocopiadora Estulin le acusa de mentiroso, loco y mostrar
comportamiento ultra”, difundido a través del portal web
www.contraperiodismomatrix.com.


Con carácter previo al examen de los dos primeros motivos de impugnación,
que serán analizados conjuntamente por su carácter inescindible, nos referiremos
brevemente al tercero de los motivos del recurso en el sentido de rechazar el mismo,
puesto que los hechos y circunstancias que pudieron llevar a otro órgano
jurisdiccional a condenar al demandado en otro procedimiento ajeno al que ahora
nos ocupa, poco o nada podrá condicionar o influir en resultado del presente litigio,
especialmente si se tiene en cuenta que ni las partes, ni las expresiones
denunciadas en ambos procesos, son coincidentes.


SEGUNDO.- Sobre el presunto error en la valoración de la prueba y la
calificación jurídica de los hechos: inexistencia de una intromisión ilegítima en
el honor: ponderación de la libertad de expresión y el derecho al honor
El primer motivo del recurso de apelación cuestiona en cierta medida la
valoración o calificación jurídica que el juez de instancia efectúa de los hechos
imputados al demandado. En concreto, se argumenta que las expresiones utilizadas
por el demandado en los videos aportados a las actuaciones y publicados en
canales y portales por el demandado son vejatorias y realizadas con el ánimo de
ofender, difamar en deshonra, descrédito y menosprecio del demandante y con esa
finalidad fueron publicadas, estimando que las mismas no están amparadas por la
libertad de expresión y deben ser consideradas como intromisiones ilegítimas.
En concreto, las expresiones realizadas por el demandado en el primero de
los videos examinados (el publicado el 5 de noviembre de 2017 en el canal
YouTube) titulado “JL Somnífero Monigote de Putin & conspi indepefascista entorno
a LCC”, fueron las siguientes: “J.L somnífero”, “desinformador” “vende humos”, o
refiriéndose al libro del actor “La conspiración reptiliana” como “puto refrito”, además
de romperlo en el propio video. En relación con el segundo de los videos publicado
el 9 de noviembre de 2017, también en el canal YouTube, bajo el título “JL timmo
aliens ummitas, parasitado no, lo siguiente (+quema de libro)”, se refiere al actor
como “un tipo completamente parasitado”, “patético y delirante estafador”, “puto
traidor por defender a los catalanes y la independencia”. Estos contenidos fueron
igualmente divulgados a través del portal web del demandado
www.contraperiodismomatrix.com.


Por lo que se refiere a la calificación jurídica de tales expresiones como
intromisión ilegítima, o su posible amparo en el derecho de libertad de expresión
bajo el prisma de la ponderación de derechos fundamentales, nos parece oportuno
traer a colación la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia.
Destacamos especialmente la STS de 17 de enero de 2014, en cuyo FD 3º se
realiza un análisis exhaustivo de la doctrina jurisprudencial relativa al conflicto del
derecho al honor con los derechos de libertad de expresión y derecho de
información:


“A) (i) El artículo 20.1.a ) y d) CE , en relación con el artículo 53.2 CE,
reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos
de amparo constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro
medio de reproducción y el derecho comunicar o recibir libremente información veraz
por cualquier medio de difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de
protección el derecho al honor.
La libertad de información comprende la comunicación de hechos
susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros
de la colectividad y a los profesionales del periodismo. La libertad de expresión,
reconocida en el artículo 20 CE, tiene un campo de acción más amplio que la
libertad de información (SSTC 104/1986, de 17 de julio, y 139/2007, de 4 de junio),
porque no comprende como ésta la comunicación de hechos, sino la emisión de
juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. Esta
distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación
informativa de hechos, de otro, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la
legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son
susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no
se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad
de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su
averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información
por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término "información", en el
texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo "veraz" (SSTC 4/1996, de 19 de febrero ;
278/2005, de 7 de noviembre, FJ 2 ; 174/2006, de 5 de junio, FJ 3 ; 29/2009, de 26
de enero, FJ 2 ; y 50/2010, de 4 de octubre , FJ 4).
No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones
garantizada por el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos
hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la
expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos
y, a la inversa (SSTC 29/2009, de 26 de enero, FJ 2, 77/2009, de 23 de marzo, FJ
3).
Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es
necesario separarlos, y solo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al
elemento preponderante (STC 107/1988, de 8 de junio, 105/1990 y 172/1990).
(ii) El artículo 18.1 CE garantiza el derecho al honor como una de las
manifestaciones de la dignidad de la persona, proclamada en el artículo 10 CE. El
derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida
como la apreciación que los demás puedan tener de una persona,
independientemente de sus deseos (STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 12),
impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o
vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella (STC 216/2006, de
3 de julio, FJ 7).


La jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la
protección del honor el prestigio profesional. Reiterada doctrina de esta Sala (SSTS
15 de diciembre de 1997, RC n.° 1/1994 ; 27 de enero de 1998, RC n.° 471/1997 ;
22 de enero de 1999, RC n.° 1353/1994 ; 15 de febrero de 2000, RC n.° 1514/1995 ;
26 de junio de 2000, RC n.° 2072/1095 ; 13 de junio de 2003, RC n.° 3361/1997 ; 8
de julio de 2004, RC n.° 5273/1999 y 19 de julio de 2004, RC n.° 3265/2000 ; 19 de
mayo de 2005, RC n.° 1962/2001 ; 18 de julio de 2007, RC n.° 5623/2000 ; 11 de
febrero de 2009, RC n.° 574/2003 ; 3 de marzo de 2010, RC n.° 2766/2001 y 29 de
noviembre de 2010, RC n.° 945/2008 ) admite que el prestigio profesional forma
parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor pero
exige que el ataque revista un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse
una trasgresión del derecho fundamental. Como ha recordado la STC 9/2007, de 15
de enero , FJ 3 "el juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta
profesional o laboral de una persona puede constituir un auténtico ataque a su honor
personal", incluso de especial gravedad, ya que "la actividad profesional suele ser
una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y de
la relación del individuo con el resto de la colectividad, de forma que la
descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e
intenso efecto sobre dicha relación y sobre lo que los demás puedan pensar de una
persona, repercutiendo tanto en los resultados patrimoniales de su actividad como
en la imagen personal que de ella se tenga" ( STC 180/1999 , FJ 5). La simple crítica
a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse sin
más con un atentado al honor" (SSTC 180/1999, FJ 5 , y 282/2000, de 27 de
noviembre , FJ 3). La protección del art. 18.1 CE sólo alcanza "a aquellas críticas
que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo,
constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su
consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas
infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el
desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las
circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado
la valía profesional del ofendido" ( STC 180/1999 , FJ 5).


Según la jurisprudencia constitucional, el reconocimiento de derechos
fundamentales de titularidad de las personas jurídicas necesita ser delimitado y
concretado a la vista de cada derecho fundamental en atención a los fines de la
persona jurídica, a la naturaleza del derecho considerado y a su ejercicio por aquella
(SSTC 223/1992 y 76/1995). Aunque el honor es un valor que debe referirse a
personas físicas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al
buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de las mismas
(STC 214/1991). A través de los fines de la persona jurídico-privada puede
establecerse un ámbito de protección de su propia identidad en el sentido de
protegerla para el desarrollo de sus fines y proteger las condiciones de ejercicio de la
misma. La persona jurídica puede así ver lesionado su derecho mediante la
divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la infame o la haga
desmerecer en la consideración ajena. En este caso, la persona jurídica afectada,
aunque se trate de una entidad mercantil, no viene obligada a probar la existencia el
daño patrimonial en sus intereses, sino que basta constatar que existe una
intromisión en el honor o prestigio profesional de la entidad y que esta no sea
legítima (STC 139/1995). Como dice la STS 19 de julio de 2006, RC n.° 2448/2002
«tampoco cabe valorar la intromisión con los mismos parámetros que cuando se
trata de personas físicas, porque respecto de estas resaltan dos aspectos: el interno
de la inmanencia o mismidad, que se refiere a la íntima convicción o sentimiento de
dignidad de la propia persona, y el externo de la trascendencia que alude a la
valoración social, es decir, a la reputación o fama reflejada en la consideración de
los demás ( SSTS, entre otras, 14 de noviembre de 2002 y 6 de junio de 2003 ), y
cuando se trata de las personas jurídicas resulta difícil concebir el aspecto
inmanente por lo que la problemática se centra en la apreciación del aspecto
trascendente o exterior -consideración pública protegible- ( SSTS, entre otras, 15 de
abril 1992 y 27 de julio 1998 ), que no cabe simplemente identificar con la reputación
empresarial, comercial, o en general del mero prestigio con que se desarrolla la
actividad».


(iii) El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado
por las libertades de expresión e información.
La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión y de
información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el
cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso ( SSTS de 12 de noviembre de 2008, RC n.° 841/2005 ; 19
de septiembre de 2008, RC n.° 2582/2002 ; 5 de febrero de 2009, RC n.° 129/2005 ;
19 de febrero de 2009, RC n.° 2625/2003 ; 6 de julio de 2009, RC n.° 906/2006 ; 4
de junio de 2009, RC n.° 2145/2005 ; 22 de noviembre de 2010, RC n.° 1009/2008 ;
1 de febrero de 2011, RC n.° 2186/2008 ). Por ponderación se entiende, tras la
constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la
intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin
de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del
caso mediante su subsunción en ella.


B. Centrándonos en el derecho a la libertad de expresión la técnica de
ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos
derechos fundamentales que entran en colisión.
Desde este punto de vista, la ponderación (i) debe respetar la posición
prevalente que ostenta el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al
honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública
libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático (
STS 11 de marzo de 2009, RC n.° 1457/2006 ); (ii) debe tener en cuenta que la
libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la
conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar
a aquel contra quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, F. 5 ; 49/2001, de 26
de febrero, F. 4 ; y 204/2001, de 15 de octubre , F. 4), pues así lo requieren el
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe «sociedad
democrática» ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42 , y de 29
de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España , § 43).


C. La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso
relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde
esta perspectiva, (i) La ponderación debe tener en cuenta si la crítica tiene
relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un
cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública (STC 68/2008;
SSTS 25 de octubre de 2000, 14 de marzo de 2003, RC n.° 2313/1997, 19 de julio
de 2004, RC n.° 5106/2000 , 6 de julio de 2009, RC n.° 906/2006), pues entonces el
peso de la libertad de información es más intenso, como establece el artículo 8.2.a)
LPDH, en relación con el derecho a la propia imagen aplicando un principio que
debe referirse también al derecho al honor. En relación con aquel derecho, la STS
17 de diciembre de 1997 (no afectada en este aspecto por la STC 24 de abril de
2002) declara que la «proyección pública» se reconoce en general por razones
diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante
suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras
circunstancias. En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia
constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la
libertad de información y de expresión cuando las noticias comunicadas o las
expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado.
(ii) La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de
hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de
la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la
información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la
libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. La libertad de expresión
es más amplia que la libertad de información al no operar en el ejercicio de aquélla el
límite interno de veracidad que es aplicable a ésta" (STC 107/1988, de 8 de junio, FJ
2), lo que se justifica en que "tiene por objeto presentar ideas, opiniones o juicios de
valor subjetivos que no se prestan a una demostración de su exactitud" (STC
51/1989, de 22 de febrero).


iii) La protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de
expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin
relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este
propósito, dado que el artículo 20.1 CE no reconoce un pretendido derecho al
insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental ( SSTC
204/1997, de 25 de noviembre, F. 2 ; 134/1999, de 15 de julio, F. 3 ; 6/2000, de 17
de enero, F. 5 ; 11/2000, de 17 de enero, F. 7 ; 110/2000, de 5 de mayo, F. 8 ;
297/2000, de 11 de diciembre, F. 7 ; 49/2001, de 26 de febrero, F. 5 ; y 148/2001, de
15 de octubre , F. 4, SSTC 127/2004, de 19 de julio , 198/2004, de 15 de noviembre ,
y 39/2005, de 28 de febrero).


En relación con ese último punto, de acuerdo con una concepción pragmática
del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la
prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun
aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se
pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica
experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento
del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables (el
artículo 2.1 LPDH se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección
civil del honor).


La jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la prevalencia de la
libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda
política, y así lo viene reconociendo esta Sala, entre otras, en las SSTS de 26 de
enero de 2010 ( en la que se relaciona a un partido político con un grupo terrorista);
13 de mayo de 2010 (se critica una actuación política del partido de la oposición); 5
de noviembre de 2010 (referida a imputaciones hechas al alcalde por el partido de la
oposición en un boletín popular); 1 de diciembre de 2010 (discusión política).
Sin embargo, estas consideraciones no deben limitarse al ámbito estricto del
ágora política, sino que la jurisprudencia viene aplicando idénticos principios a
supuestos de tensión o conflicto laboral, sindical, deportivo, procesal, y otros. Así, las
SSTS de 22 de diciembre de 2010 (en el contexto de la dialéctica sindical); 22 de
noviembre de 2010 (sobre imputación a un concejal de delito de estafa y falsificación
documental que luego es absuelto); 9 de febrero y 21 de abril de 2010 (en conflicto
laboral); 18 de marzo de 2009 (confrontación en ámbito de periodismo futbolístico).
D. Por lo demás, y conforme a lo expuesto debe señalarse, sentencia de esta
Sala de 14 de octubre de 2009, que la libertad de información, dado su objeto de
puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que
redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho
al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia lo
que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por
veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del
informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales
ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el
transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada
(SSTC 139/2007, 29/2009, de 26 de enero, FJ 5). El requisito de la veracidad no
empece que la total exactitud de la noticia pueda ser controvertida o se incurra en
errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado (entre otras,
SSTC 192/1999, de 25 de octubre y 53/2006, de 27 de febrero)” (el subrayado es
añadido).


Se debe, por tanto, realizar un juicio de ponderación de los derechos
fundamentales implicados de libertad de expresión y derecho al honor en el caso
concreto que nos ocupa, pudiendo hacer las siguientes consideraciones,
coincidentes por lo demás con las efectuadas por el juez a quo en la resolución
apelada.


- En primer lugar, hemos de descartar una valoración de las expresiones
denunciadas por el actor en abstracto y desconectadas del contexto social, y la
forma de comunicación a través de plataformas digitales en que las mismas fueron
proferidas. Los dos videos divulgados en el canal YouTube o en el portal Web del
demandado (http://contraperiodismomatrix.com) los días 5 y 9 de noviembre de
2017, en los que el demandado se refiere al Sr. Camacho como “somnífero”,
“monigote de Putin”, “desinformador”, “vende humos”, “tipo completamente
parasitado”, “patético y delirante estafador”, “puto traidor por defender a los
catalanes y la independencia”, o a su libro como “puto refrito”, “timo”, al tiempo que
lo rompe o lo quema, son fruto de una crítica incómoda y áspera que el demandado
realiza de las teorías particulares o poco comunes divulgadas por el actor a través
de distintos medios de difusión (libros editados y publicados en “papel”, o en
diversos videos “colgados” en portales Web o redes sociales, etc…). Esto es, no nos
hallamos ante una crítica deliberada y ácida realizada sobre una persona ajena al
ámbito y proyección pública en el que se mueve el demandado sino, por el contrario,
se observa una confrontación pública y directa entre dos personajes conocidos en el
ámbito y escenario particular en el que ambos se desenvuelven, que confrontan
ideas y teorías poco comunes o directamente extrañas sobre materias tales como
invasiones de extraterrestres, fin del mundo o cuestiones políticas controvertidas
(teorías sobre la conspiración “reptiliana”, invasión de la civilización “ummita”,
defensa de fenómenos paranormales…).


En este contexto, somos partidarios de realizar una valoración más flexible y
tolerante del derecho de libertad de expresión en el caso que nos ocupa, pues más
allá de las concretas expresiones utilizadas por el demandado a las que luego nos
referiremos, no parece dudoso que se trata de una crítica, si se quiere mordaz o
desabrida, de ciertas teorías expuestas por el actor al público en general, de difícil
encaje y aceptación por la opinión pública, que ciertamente resultan más proclives a
una crítica especialmente incómoda o molesta en términos de injerencia del derecho
al honor. En este sentido, el grado de exposición pública a la crítica por terceros
entendemos que es mayor en aquellos supuestos en los que la naturaleza de las
opiniones y teorías divulgadas se proyecta sobre fenómenos o cuestiones
paranormales, inexplicables, ajenas a planteamientos existenciales comúnmente
aceptados o sobre ideología política controvertida, pues se trata de ámbitos de un
debate público reducido en el que la discrepancia y confrontación se acentúa, la
escenografía en la que se presentan las críticas pueden derivar a un tono burlesco
donde las expresiones utilizadas pueden también incluir connotaciones despectivas
con el fin de llamar la atención del público y apuntalar una total disconformidad de
pareceres.


- En segundo lugar, tampoco las expresiones utilizadas, ni examinadas en
abstracto o individualmente, ni en el conjunto, merecen ser calificadas como
intromisiones ilegítimas. No podemos ignorar las concretas circunstancias en las que
las mismas fueron realizadas (videos extensos, de unos 30 minutos de duración), su
escenografía (tono teatral y sarcástico) e intencionalidad pretendida por el
demandado (crítica áspera de las particulares teorías y creencias del actor), lo que
nos obliga a examinar las concretas expresiones desde un prisma menos estricto y
abstracto del propuesto por el actor en su escrito de apelación. Así, no parece que
tildar al Sr. Camacho como “somnífero”, esto es, aburrido, o “desinformador”, “vende
humos”, “monigote de Putín”, entiéndase carente de objetividad, crédito o
ascendencia frente a la opinión pública, merezca reproche en términos de
vulneración del derecho al honor. De la misma manera que tampoco los calificativos
de “parasitado” (en un contexto de crítica por el demandado a las teorías divulgadas
por el actor sobre invasiones de ciertas especies reptiles de origen extraterrestres), o
de “patético y delirante estafador” al referirse al tipo de creencias e ideologías que se
sostienen en el libro publicado y vendido por el actor en el mercado, pueden justificar
la pretensión de condena ejercitada en el presente litigio por el ahora apelante. Es
cierto que en ocasiones el demandado hace uso de expresiones soeces,
despectivas y con indudable carga ofensiva para referirse al actor (“puto traidor”) o a
su obra (“puto refrito”), lo que considera esta Sala que no alcanza la suficiente
entidad o gravedad para merecer el reproche como ilícito civil que se pretende por el
actor pues, por más que en abstracto pudieran calificarse tales expresiones como
insultos, el contexto de crítica hiriente, dura y acerba de las particulares teorías,
informaciones y opiniones divulgadas por el propio actor en canales de difusión vía
Web o redes sociales.


De conformidad con lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación
interpuesto por el actor y confirmar la sentencia dictada en primera instancia, la cual
consideramos que realizar una atinada y ajustada ponderación de los derechos
fundamentales que entran en colisión en el presente caso.


TERCERO.- En cuanto a las costas, al ser desestimado íntegramente el recurso de
apelación procede imponer a la parte apelante las costas procesales devengadas en
esta alzada, todo ello conforme a los arts. 398 y el art.394.1 LEC.


FALLAMOS


DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE el recurso de apelación interpuesto por Don
JOSE LUIS CAMACHO ESPINA contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Valladolid en fecha 28 de febrero de 2019, la cual
CONFIRMAMOS, con expresa imposición a la parte apelante de las costas
procesales causadas en esta alzada.


De conformidad con lo dispuesto en el apartado noveno de la disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según redacción de la
Ley Orgánica 1/2009, acordamos, también, la pérdida del depósito constituido al
recurrente al haberse confirmado la resolución recurrida, debiéndose dar a aquél el
destino previsto en dicha disposición.


Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso
de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo
de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y
jurisprudenciales de aplicación.


Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de
esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con
fines contrarios a las leyes.

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Comentario por drmatrix el sábado

ruben hace tambien las caricaturas que saco en los videos de putin

buendia diosa

Comentario por drmatrix el sábado

c ielo las hago yo en los videos y esta es de un amigo ilustrador llamado rubén

Comentario por madhurii el sábado

Lo mejor son las caricaturas de jl, no se quien es el artista, pero tiene merito, y talento. Jeje saludos, esto no cristiano que lo lea, gracias de todos modos.

Comentario por Unknown el diciembre 3, 2019 a las 10:52pm

A toda esa gente payasetes kuleros como somnifero, sadhguru, mongolonor y similares deberian irse a su casa y dejar de desviar la atencion sobre el yoga y la meditacion, como no la practican ya estan empezando a pagarlo, vemos que Baba hace justicia felicidades de nuevo drmatrix :)

Comentario por drmatrix el diciembre 3, 2019 a las 9:59pm

gracias que me pague puton que se lo de él. si no me paga le van a embargar

Comentario por Ian Castro Rubrenko el diciembre 3, 2019 a las 9:54pm

y lo peor es que no te va a pagar!! , no le vasto un juez al señor , gracias por la gran labor de delatar a los desinformadores cosa que solo tu estas haciendo 

Comentario por Leandro Garcia el diciembre 3, 2019 a las 1:33pm
Enhorabuena Dr. Matrix! Lo único que le interesa es la pasta y para nada el bienestar universal. Por supuesto a él nunca le cerrarán su canal en jewtube porque es necesario para los amos jajaja.
Comentario por Roswell1947 el diciembre 2, 2019 a las 10:28pm

Debe de estar jodio, jodio, lo que más le joderá, sin lugar a dudas, es tener que abonarte una cantidad de euros por haber perdido su apelación, en vez de haber dejado la primera sentencia como estaba, le está bien empleado por empeñarse en rascarte el bolsillo, eso dice mucho de él. ¡Enhorabuena!.

Aparte de la alegría que te supone haber salido airoso de la demanda, encima te tiene que abonar money. 

Comentario por Juan antonio el diciembre 2, 2019 a las 9:56pm

Le tenían que cerrar su canal por mentiroso y estafador ,   sus videos son basura en estado puro

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